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Farc de corbata

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“Es mejor tener a las FARC echando discursos en el Congreso que dando bala en el monte” dicen algunos defensores del acuerdo entre Gobierno Nacional y esta guerrilla. El asunto no es tan simple, pues la situación no se agota con permitir a los miembros de esta organización ilegal hacer política como cualquier ciudadano colombiano. Los beneficios que el Gobierno ha brindado son injustificados y además proporcionan una ventaja significativa sobre cualquier ciudadano que pretenda aspirar a ocupar una curul en el Congreso de la República.

Examinemos cada uno de los beneficios en cuestión:

Primero, el partido de las FARC recibirá entre la fecha de su inscripción y el 19 de julio de 2026, el promedio de lo que recibieron los partidos o movimientos políticos con personería jurídica para su funcionamiento en las elecciones, previas a la firma del Acuerdo Final ¿Por qué se financia con recursos públicos de los colombianos a una organización sin ningún tipo de legitimidad popular –y por el contrario ampliamente rechazada-?

Como ha sido costumbre, el Gobierno ha dicho verdades a medias. Una cosa es permitir la participación en política de algunos miembros de esta organización, y otra muy diferente es hacerlo con el respaldo del erario, que en últimas no es nada diferente a que los impuestos de los ciudadanos financiarán la actividad pública de quienes por décadas han buscado destruir nuestra democracia.

Segundo, el movimiento político al que hagan tránsito las FARC, recibirá financiación para establecer un centro de pensamiento, así como la divulgación de su plataforma ideológica y programática con una suma equivalente al 7% anual de la apropiación presupuestal para el funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, entre la fecha de registro y el 19 de julio de 2022. Así las cosas, no sólo se financiará la constitución y mantenimiento del partido político de esta organización, sino que aportaremos para que divulguen su plataforma ideológica con un presupuesto superior al que reciben partidos de minorías como los indígenas o afrocolombianos. Con esto se envía un reprochable mensaje, pues pareciera que para obtener estos privilegios que cualquier organización social ansiaría, tendría que delinquir –y mucho- para luego solicitarlos vía negociación con el Estado.

De igual manera, los candidatos a la Presidencia de la República y al Congreso, inscritos por el movimiento político de las FARC en 2018 y 2022, recibirán financiación estatal para sus campañas.

A lo anterior que es producto del Acuerdo Final, sumemos las siguientes reflexiones: A) Habrá circunscripciones especiales donde las FARC han tenido un control territorial histórico. B) Las FARC son una organización rica, que ha llenado sus arcas con recursos provenientes de la extorsión, narcotráfico y minería ilegal entre otros. C) No todos los frentes de las FARC se desmovilizarán, es decir, seguirán ejerciendo presión armada en diferentes zonas del país. D) No olvidemos la simpatía y apoyo que este grupo recibe por parte del régimen venezolano.

Por todo lo anterior resulta necesario recordar que sí, las FARC van de corbata al Congreso a “echar discursos” pero lo harán con amplias ventajas legales e ilegales sobre los demás partidos y ciudadanos que aspiren a ejercer la política desde el Congreso de la República.

P.S: ¿Habrá que dar los mismos beneficios al ELN en la negociación en curso?

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