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Reforma política sí, de este gobierno no

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El Gobierno Nacional en cabeza del Ministro del Interior ha propuesto una nueva reforma política y electoral, en la que se busca modificar el sistema de financiamiento de campañas, reducir la edad de votación de 18 a 16 años, implantar el voto obligatorio, eliminar la figura del Vicepresidente y establecer las listas cerradas como método único de elección de cuerpos colegiados de elección directa. Una determinación difícil de explicar, pues ya tuvo el gobierno su oportunidad, en la Reforma de Equilibrio de Poderes para presentar una propuesta semejante y no lo hizo.

Pero más allá de los tiempos, analicemos si el gobierno tiene la suficiente autoridad moral y la gobernabilidad para adelantar una reforma de esta magnitud. Abordemos este asunto en principio desde lo que podríamos denominar “autoridad moral”. ¿Tiene el gobierno la autoridad moral después de las revelaciones sobre el ingreso de dineros de Odebrecht a la campaña de 2010, para proponer una reforma en materia de financiación de campañas? Una modificación sustancial frente a este tema, y en este momento, parece más un distractor que un proyecto con buenas y reales intenciones de luchar contra la corrupción.

Luego, examinemos el concepto de ingobernabilidad, como lo proponen Huntington y Habermas, la cual definen como: “la suma de debilitamiento de la eficacia del gobierno, simultánea al debilitamiento del consenso ciudadano…” (Huntington y Habermas, 1998). El gobierno pasa por un momento de ingobernabilidad, pues se presenta como ineficiente en la lucha contra la corrupción, incluso, inmerso en ella, y además carente de respaldo ciudadano, como lo demuestra la más reciente encuesta de Yanhass, donde el Presidente tiene el 74% de desaprobación y su gabinete el 76% (Yanhass, marzo 2017).

Finalmente, analicemos lo que esta reforma significaría en materia de congestión de la agenda del Congreso. Suficiente ha copado el Ejecutivo al Legislativo con sus múltiples reformas y ahora más recientemente con la implementación de los acuerdos con Farc vía fast track, para ahora obstruir más la agenda legislativa con una reforma que tomaría meses de deliberación, dejando en un tercer plano el trámite de los múltiples proyectos de ley de autoría de los representantes y senadores, muchos de los cuales se hundirían por falta de trámite y vencimiento de términos. El Congreso no puede ser un órgano de propiedad del gobierno, en donde se privilegien sus deseos e intereses, y se releguen las funciones del Legislativo como es la presentación de proyectos de ley y, la realización de debates de control político.

Una reforma política y electoral sí hace falta, pero no debe ser presentada por un gobierno sin autoridad moral, robusta ingobernabilidad y legitimidad en entredicho. Habrá que esperar el veredicto de la democracia en donde ojalá los ciudadanos elijan un gobierno y un congreso renovado que carezca de conflicto de intereses y pueda adelantar una reforma real en donde la intención no sea distraer sino mejorar y hacer transparente el sistema político y electoral colombiano.

 

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